Este artículo es una reflexión sobre el presente tomando el pasado como guía de a dónde debiéramos ir. Después de todo, los valores republicanos son la máxima expresión de los valores democráticos que tendríamos que sostener en un sistema político, en el cual cada ciudadano tuviera la misma capacidad decisoria en la gobernanza del país, sin cortapisas o leyes electorales que den más peso a unos que a otros, como está ocurriendo en España.
La Transición inmodélica de la dictadura a la democracia produjo una cultura escasamente democrática y un proceso electoral que estaba diseñado –como han reconocido algunos de sus diseñadores– para debilitar a amplios sectores de las izquierdas. Ello ha determinado que, aun cuando las encuestas muestran que la mayoría de la población española está en el centro-izquierda e izquierda, las políticas de izquierda (a pesar de grandes avances) no han dominado la mayoría del comportamiento legislativo durante el proceso democrático. El sustancial retraso del Estado del bienestar español (con el gasto público social per cápita más bajo de la UE-15), 30 años después de la democracia, es un indicador de ello.
Nuestro sistema electoral es poco representativo y se nota. Y esta escasa representatividad en las Cortes españolas (que se reproduce en los parlamentos autonómicos) va acompañada de unos partidos, la mayoría de los cuales están enormemente influenciados por los mayores medios de información y por grupos de presión, entre los cuales, el capital financiero es esencial. Así, hemos visto cómo se ha desarrollado casi un consenso en los establishments políticos y mediáticos del país sobre la necesidad de retrasar la edad de jubilación de 65 a 67 años, propuesta legislativa del Gobierno que fue aprobada casi por unanimidad en las Cortes españolas. Este casi consenso contrasta con la enorme impopularidad de tal medida entre la ciudadanía, la gran mayoría de la cual se opone. Según la Constitución española, el poder del Estado deriva de la voluntad popular. Pero, si comparamos qué es lo que la ciudadanía desea por un lado y lo que las distintas ramas del Estado (y, muy en especial, la rama legislativa y ejecutiva del Estado) aprueban por el otro, el contraste es significativo.
Otro ejemplo de ello son las medidas que el Estado ha tomado para salir de la crisis (desde la congelación de las pensiones a los recortes radicales que se están aplicando a los ya subfinanciados servicios del Estado del bienestar). Las cotas de impopularidad de estas medidas son muy altas, lo cual no es obstáculo para que se realicen, promovidas por la mayoría de los medios de mayor difusión. Tales medios editorializan y repiten machaconamente que no hay otras medidas posibles en respuesta a factores “externos”, en este caso, los mercados financieros. Acentúan con gran intensidad lo de “externos” a fin de diluir las responsabilidades internas. Pero lo externo es una mera excusa para realizar lo que los establishments financiero, empresarial, político y mediático han deseado siempre: debilitar al mundo del trabajo para optimizar los intereses del capital. Es lo que solía llamarse “lucha de clases”.
Naturalmente que las clases sociales van variando y su conflicto se expresa de muchas formas. Pero hoy este conflicto es de la gran mayoría de la población (clase trabajadora y la mayoría de las clases medias) frente a una enorme concentración de poder financiero y económico español que, en alianza con sus aliados extranjeros, está imponiéndose a la mayoría de la ciudadanía. Por ejemplo, para reducir el déficit, en lugar de congelar las pensiones y recortar los gastos en sanidad, educación, servicios domiciliarios y otros, se podrían haber conseguido 35.000 millones de euros mediante las cargas impositivas de los sectores más privilegiados (sin afectar a la mayoría de la población), tal como han sugerido los inspectores de Hacienda del propio Ministerio de Economía. Es más, mediante la corrección del enorme fraude fiscal –que beneficia primordialmente a la banca, a las grandes empresas y a las rentas superiores (eliminando, por ejemplo, los paraísos fiscales), así como revirtiendo las reducciones fiscales regresivas llevadas a cabo en los últimos 15 años– podrían obtenerse 80.000 millones de euros más.
No es, pues, lo “externo”, sino lo “interno” lo que está obstaculizando la expresión del proceso democrático. Y la ciudadanía es consciente de ello. Encuesta tras encuesta muestra el desapego de la ciudadanía hacia la clase política y hacia los gobernantes. Nuestra democracia está seriamente amenazada. De ahí la urgencia de movilizaciones para continuar la lucha iniciada por las generaciones anteriores en defensa de la democracia. Nuestros padres lucharon para defender la democracia y fueron brutalmente reprimidos como consecuencia de su derrota. Mi generación luchó en los difíciles años cincuenta, sesenta, y más tarde en los setenta, oponiéndose a la dictadura. Fue esta lucha y otras las que fueron responsables del fin de la dictadura. No hay que olvidar nunca que, aun cuando Franco murió en la cama, la dictadura murió en la calle.
Y es ahora cuando hay que luchar para recuperar la democracia que está siendo secuestrada, en la que el Estado está tomando posturas sistemáticamente en contra de la mayoría de la población y en contra de su deseo. Esto es indignante y requiere movilizaciones populares basadas en los valores republicanos que exijan al Estado que responda a la sociedad y no, como está ocurriendo ahora, que se imponga a ella.
Artículo publicado en Público
